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09 agosto 2019

[Columna] Política pública basada en evidencia para la infancia

Como país, nos cuesta llegar a consensos en materia de política pública. No es ningún misterio que la polarización partidista ha impedido o al menos demorado el avance en temas de especial gravedad y urgencia, como ocurre en asuntos como el combate a la delincuencia, el desempleo u otras materias, en las que hay claras discrepancias ideológicas que no permiten un avance claro, nítido y concreto en materia legislativa y presupuestaria.

En cierto modo, la desconfianza en las instituciones y en la calidad de las políticas públicas que se discuten, llevan a inmovilizar el debate. Afortunadamente, existen caminos por donde sí se puede avanzar, dejando de lado las momentáneas y circunstanciales diferencias partidarias. Ese espacio lo da la aplicación y puesta en marcha de políticas públicas que estén basadas en evidencia, que prueben y demuestren que lo que estamos haciendo funcionará.


La infancia y sobre todo el rol que cumplen padres y cuidadores es uno de esos asuntos en los que sí podemos decir que se ha ido construyendo un trabajo de alta calidad. En primer lugar, existe un gran consenso social en torno al rol prioritario que tienen papás, mamás y cuidadores respecto de la responsabilidad que les cabe en criar, educar y formar a nuestros niños, niñas y adolescentes y en el impacto que tiene la crianza en las comunidades. Junto con eso, prácticamente todos los estudios de opinión relacionados directamente o indirectamente con temas de infancia y familia, muestran una creciente preocupación por asuntos vinculados a la enseñanza de los adolescentes y niños, el cuidado de sus derechos humanos y -por encima de todo- de la protección que la sociedad y las familias deben brindarles en materia de seguridad personal y abuso sexual. En esto no hay matices: estamos todos de acuerdo en que la infancia, la adolescencia y el rol de los padres y cuidadores son importantes para la actual sociedad chilena.


Por otro lado, el Estado de Chile ha adoptado la decisión de apoyar un complejo sistema interrelacionado e interinstitucional de apoyo a la crianza, sobre la base de programas que son capaces de mostrar evidencia comprobable de sus resultados. La Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior, ha instalado el primer sistema gubernamental integrado de apoyo a la crianza con financiamiento público, el Sistema Lazos. Esto lo confirmó el profesor Guillermo Prado de la Society for Prevention Research, que participó recientemente en el 2º Seminario Internacional de Acción Temprana y Preventiva para la Niñez y Adolescencia, organizado por la Subsecretaria Katherine Martorell.


Adicionalmente, la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ha sumado una serie de comunas a un piloto de Chile Crece Contigo, que trabaja con programas destinados al apoyo a las habilidades parentales, como Triple P, que es la institución que yo dirijo.


Por supuesto que hay iniciativas de apoyo a la crianza de niños, niñas y adolescentes financiadas por el Estado en muchos países, pero este es el primer caso en donde se habla de un sistema, con varios organismos del Gobierno involucrados y coordinados, sobre la base de una estrategia central que podrá ser verificada en los años que vienen, cuando la evidencia muestre los efectos esperados.

Muchas veces se critica y se desconfía de las acciones del Gobierno de turno, pero al menos en este tema, tengo el convencimiento de que se ha ido construyendo política de Estado, ya que los programas han ido transitando de un gobierno a otro y se han ido nutriendo de indicadores verificables, evidencia. Es un gran avance para la infancia, para los organismos colaboradores, para las instituciones de Gobierno y no gubernamentales que trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Hay que aprovechar esta buena noticia porque en esta área de nuestro desarrollo como país, no siempre hemos tenido buenas noticias.

Por Francisca Puga T.

Directora Ejecutiva Triple P Latinoamérica